Periodista independiente en Puerto Rico

Sunday, July 28, 2019

A investigar abusos de la Policía



Un contingente de especialistas e investigadores de Washington y Nueva York de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), se apresta a viajar a la isla próximamente para investigar los recientes incidentes de abusos por parte de miembros de la Policía de Puerto Rico contra ciudadanos. Esto, a raíz de las incontables imágenes que trascendieron a nivel internacional de violencia en las multitudinarias protestas recientes contra el gobernador Ricardo Rosselló.
 La investigación será clave para determinar si la ACLU reabre su demanda contra la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, radica algún recurso para detener las acciones de la policía o inicia un nuevo pleito legal a nivel federal, según se supo en este blog En Blanco y Negro con Sandra.
 “Lo que te puedo confirmar es que estamos evaluando cuáles son las acciones que vamos a tomar porque hay que defender los derechos civiles que se están violando en Puerto Rico. Y sí, estamos investigado y analizando con el personal de Nueva York y de Washington”, confirmó el Lcdo. William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico

El uso indiscriminado de gases lacrimógenos contra multitudes sin seguir los protocolos, el uso de balas de metal cubiertas de goma, - [que en algunos países han causado la muerte de personas] -, apuntar constantemente a los manifestantes con escopetas y armas largas; y la práctica de “rajar cabezas” y atacar a los manifestantes por la espalda, una vez empiezan a salir de los sitios son temas que preocupan a los investigadores de la ACLU.

También hay evidencia testifical de decenas de ciudadanos que tomaron vídeos o intervinieron con infiltrados que actuaban como encapuchados en las manifestaciones. Sobre este particular Ramírez confirmó que tienen affidavits y declaraciones juradas que confirman estas denuncias.

Además de un patrón de serias violaciones a la reforma de la Policía, han identificado laxitud de la corte y hay serios cuestionamientos con el personal federal y estatal que se supone supervisen que no se violen los derechos civiles de los ciudadanos. Las violaciones han sido más evidentes en las manifestaciones.

“Hay muchos policías que necesitan apoyo psicológico y no se les está dando. En las manifestaciones hemos visto mucho sadismo hacia los ciudadanos”, dijo  Ramírez.

El sábado (27 de julio) el periódico The New York Times reportó sobre las serias preocupaciones sobre la violencia policíaca en las manifestaciones en contra de Rosselló y la corrupción en su gobierno.

El viernes (26 de julio) trascendió que  la ACLU se salió como amigo de la corte en el caso de la Reforma de la Policía a raíz de las críticas que hizo el juez federal Gustavo Gelpí contra la organización.  El retiro de la ACLU surge luego de que el juez federal Gustavo Gelpí, denegó su solicitud para que para que retirara el nombramiento del comisionado especial de la Reforma Alejandro del Carmen al alegar que no está capacitado para ese puesto y por considerar que tiene conflicto de interés, según reportó El Vocero.

Según Ramírez, se ha dejado de proveer acceso e información a la ACLU, y todo esto coincidió con la contratación del bufete McConnell Valdés para trabajar en la Reforma, bajo un acuerdo por $3.7 millones en fondos del gobierno de Puerto Rico. El padre del juez Gustavo Gelpí, trabaja en el bufete McConnel Valdés.

Otro cuestionamiento serio es el hecho de que los mismos abogados que representan a la Policía, están defendiendo a imputado de corrupción. Uno de éstos es la exfiscal federal María Domínguez, quien labora en el bufete y es parte de la representación legal de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y de el senador Abel Nazario. Keleher fue arrestada hace 19 días junto a la exadministradora de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, y ambas fueron acusadas de conspirar en tres esquemas de fraude que ascienden $15.5 millones. Nazario fue imputado de 39 cargos federales que incluyen fabricación de documentos y fraude electrónico.

“Hay un conflicto patente en ser abogada de la Policía y abogada de corruptos a la vez”, sostuvo.

También hay dudas con la imparcialidad del Departamento de Justicia federal, entidad que parece estar ahora en contra del proceso y en complicidad con las autoridades locales. De hecho, parte de esto se evidenció en el chat Telegram entre el gobernador Ricardo Rosselló y su grupo de más cercanos cabilderos, asesores y jefes de agencia, trascendió expresamente el interés de éstos por incluir al Departamento de Justicia.

El pasado 21 de julio, publicamos en este blog unos serios señalamientos que demuestran la inseguridad que se vivió ya que Gelpí designó a cinco personas sin experiencia para  supervisar las manifestaciones recientes, especialmente frente a La Fortaleza.

Desde el año 2004 la ACLU viene monitoreando las violaciones de derechos civiles en Puerto Rico. Entre el 2007 al 2011 a organización empezó a investigar y hacer referidos al Departamento de Justicia federal (DOJ), que no les prestó atención. Ante eso, decidieron demandar a la Policía de Puerto Rico por violar los derechos civiles de los residentes en la isla y fallar en corregir las deficiencias que provocan dichas violaciones. El DOJ se unió y finalmente demandó a la Policía en el 2012.  Dicha demanda se transó con un acuerdo entre el Estado Libre Asociado y Justicia federal. La ACLU, entonces, retiró su demanda original, basándose en la reforma.

 “La Policía de Puerto Rico sigue siendo uno de los cuerpos policíacos más violentos entre todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Y eso se evidencia especialmente cuando hay manifestaciones multitudinarias que siempre terminan en violencia de parte de la Fuerza de Choque hacia los manifestantes”, agregó Ramírez.

“No podemos olvidar que en Puerto Rico hubo hasta escuadrones de la muerte, y recordamos casos como los de Alejo Maldonado y el de Andrade, que eran policías corruptos que actuaban por su cuenta. Eso ha pasado también en sitios como Nueva York o Chicago, y se investiga por comisiones independientes”, puntualizó.



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