Mientras la opinión pública se concentra en la crisis fiscal, en la
Legislatura por petición del Ejecutivo se cuaja la destrucción del
sistema que combate la corrupción y el crimen organizado. Decapitar al
Negociado de Investigaciones Especiales y a la Oficina de la Interpol
viene con el evidente propósito de amapuchar la corrupción, justo cuando
la credibilidad del país está en juego a nivel internacional.
La eliminación del esta dependencia de Justicia responde a tres
razones principales: 1) Una revancha político partidista contra agentes
identificados con el Partido Nuevo Progresista; 2) La intención de
querer proteger personas de alto perfil y esto incluye a políticos,
comerciantes e incluso personas de conexiones y poder; y 3) Beneficiar a
policías y a otros empleados que interesan que desaparezca toda la
evidencia recopilada por agentes del NIE para que se le haga más difícil
pasar esas pesquisas a las agencias federales. Sin embargo, según se
constató, el FBI ya tiene algunos expedientes.
Además de esas
razones, la eliminación de esta agencia demuestra que el gobierno está
cediendo el control de la justicia al gobierno federal porque los casos
más sofisticados de crimen organizado y corrupción ya no los atenderá el
NIE y mucho menos la Policía.
Aunque la prensa ha cubierto el
tema de manera liviana, levantan sospechas las razones para no
profundizar en las implicaciones de este asunto. Un ejemplo de la falta
de cobertura es que esa agencia está prácticamente descabezada. La
sigilosa salida de la ex directora, la ex fiscal Brenda León no ha
trascendido públicamente. León dejó el puesto luego de sus vacaciones y
el pasado 15 de julio se nombró como Director Interino hasta que se
decida el futuro de la agencia al fiscal José Sagardía. Esta información
no se ha difundido a la prensa, aunque sí se emitieron cartas en
Justicia.
El negociado se creó en el 1978 por recomendación de
las autoridades federales para tener un cuerpo de investigadores
distinto a la Policía que pudiera incluso fiscalizar a los agentes.
Pero con el tiempo le fueron cortado poderes y recursos, incluso
aquellos fondos que provenían dinero recuperado en las investigaciones
que hacían junto a agencias federales como el FBI, ICE, DEA y otras.
Las funciones del NIE abarcan investigaciones extensas y complejas
relacionadas con asuntos de seguridad pública en contra del crimen
organizado, la violación de los derechos civiles y los casos de
corrupción en el gobierno. De casi 500 agentes con los que comenzó a
operar, ahora sólo tienen 156.
Vamos a los hechos
La eliminación del NIE comenzó por un proyecto del senador Miguel
Pereira, quien alegó que pasar la agencia a la Policía generaría entre
$2 y $3 millones en economías aunque nunca pudo probarlo. La medida fue
aprobada en el Senado pero está pendiente en la Cámara de
Representantes.
Algunos alegan que la orden de eliminar la
agencia viene por revanchismo desde La Fortaleza. El NIE había
investigado al hermano del Gobernador y el expresidente de la
Universidad de Puerto Rico, Antonio García Padilla, por una querella
radicada por unos legisladores del PNP alegando que cometió actos de
corrupción por gastos extravagantes en bebidas y fiestas. Esos líderes
del PNP desarrollaron una campaña de descrédito contra el presidente y
esto aceleró su renuncia al cargo. Sin embargo, la investigación del NIE
exoneró a García Padilla a nivel criminal y arrojó que fue el
presidente que más dinero logró conseguir para el Fondo Dotal de la UPR.
Así las cosas, la presión para eliminar al NIE viene del Ejecutivo.
Tanto el secretario de Justicia, César Miranda, como el superintendente
José Caldero, favorecen la eliminación, aun cuando esto representa
pérdida de personal y fondos para Justicia, y una mayor carga para la
Policía. Pero más que ellos, hay otras personas detrás del interés por
decapitar al NIE.
Según se ha sabe, una de las artífices para
esto es la ayudante especial de Miranda, Mayra Huergo. La funcionara
había trabajado en Justicia bajo la exsecretaria y hoy Jueza del
Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, y siempre intentó quitarle poderes
al NIE ya que carecía de experiencia en investigaciones de naturaleza
criminal. En el 2012, con el cambio de administración, regresó a
Justicia y desde su llegada determinó eliminar el NIE porque muchos de
sus agentes fueron nombrados por la administración anterior de Luis
Fortuño. Huergo tiene aspiraciones a convertirse en jueza y su
nombramiento está pendiente.
El miedo al NIE
Los que favorecen eliminar el NIE no han podido aplacar los temores que
persisten al interior de esa dependencia de que el traspaso al Cuartel
General sea el detonante de una serie de actos criminales e incluso,
masacres, por toda la isla.
El traspaso conlleva la entrega a la
Policía de Puerto Rico miles de expedientes de investigaciones pasadas y
en curso. Esos expedientes contienen los nombres, direcciones y
teléfonos, además de lugares de trabajo de investigados, víctimas,
testigos y agentes investigadores. Entre los investigados están altos
oficiales de policía y funcionarios de gobierno. También hay presos y
narcotraficantes.
Si esos expedientes caen en manos del Cuartel
General, podrían caer en manos de elementos del bajo mundo. Esto podría
provocar que se sepa qué criminales dan información a cambio de
inmunidad o de rebaja de sentencias, y quiénes lo han hecho en el
pasado. Alguien que esté preso se podría enterar qué agente lo delató o
quiénes fueron los investigadores del caso con sus direcciones,
teléfonos y demás datos.
¿Si esos casos caen en manos de la
Policía, habrá igual imparcialidad? Y si un alto oficial en la Policía
descubre que en el NIE lo estaban investigando, ¿habrá seguridad para
esos investigadores? ¿Para los testigos? ¿Y quién garantiza la seguridad
de las víctimas en estos casos? ¿Pereira? ¿El Superintendente? ¿Cuál
representante a la Cámara se responsabilizará por la seguridad de las
víctimas?
En el caso de la Interpol, la preocupación mayor es la
falta de acceso a expedientes sobre secuestradores y otros criminales
que se mueven entre distintos países. Además se sabe que en el NIE y en
la Interpol hay varias investigaciones en curso sobre casos de trata
humana que vinculan a figuras conocidas. ¿Qué impacto tendrá el mover
esos agentes a la Policía? ¿Se detendrán las pesquisas?
Por otra
parte, ¿aprobó el Monitor Federal el traslado del NIE a una agencia que
está bajo una reforma? ¿Cuántas leyes habrá que enmendar para que esto
entre en vigor?
Sin lugar a dudas son muchas las preguntas sin
responder y persiste el temor de que este cambio sea un triunfo para el
crimen organizado y para los funcionarios corruptos. La eliminación de
esta dependencia se da como parte de un esquema orquestado para ir
derribando las entidades investigativas y va de la mano de eliminarle
fondos a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental,
lo que priva al país de rastrear las huellas de los corruptos y
traqueteros.
En momentos en que los crímenes de cuello blanco y
corrupción pública siguen vigentes, y precisamente cuando se sabe que
las violaciones a los derechos civiles han aumentado al punto de
necesitar un monitor federal, no se justifica debilitar más el sistema.
¿Cuál es la verdadera razón?
Esta columna fue publicada en NotiCel el 22-07-15 http://www.noticel.com/blog/178506/justicia-decapita-al-nie-y-la-interpol.html
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