El también exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero quedó libre tras apelación y bajo estrictas medidas de seguridad
El presidente de un poderoso conglomerado de
concesionarios de automóviles Autogermana y Autocentro en Puerto Rico, exbanquero
y exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, fue
liberado ayer de una cárcel de máxima seguridad en donde cumplía 18 meses de prisión
preventiva. Se le imputa ser el cabecilla de un entramado de corrupción y
lavado de dinero, estimado en sobre $350 millones de dólares, y conocido como el
Caso Calamar.
Guerrero, quien estaba preso desde abril en la peligrosa cárcel de Najayo en Santo Domingo, es el presidente en Puerto Rico de los dealers Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler, Autocentro Mas y otros negocios. En el Tribunal de Primera Instancia de San Juan también encara una demanda por la friolera de $21.7 millones por el control del negocio cuyo fundador, el empresario Eduardo Pellerano, denuncia que él le usurpó.
Pero ayer su salida de la peligrosa prisión en donde estaba supuso un alivio a las presiones de quien fuera uno de los más altos y poderosos funcionarios en el gobierno del expresidente dominicano Danilo Medina.
Los exministros Gonzalo Castillo y Donald Guerrero
Desde hace meses la defensa de Guerrero
solicitaba su excarcelación y ayer el tribunal dominicano determinó que no constituía
un riesgo de fuga. Ahora tendrá que hacer presentación periódica al foro
judicial, se le impide salir del país, y deberá pagar cinco millones de pesos (unos
$89,000 dólares) de garantía económica, pago que emitió a través de una
compañía aseguradora.
A Guerrero se le acusa de ser el cabecilla del esquema conocido como Caso Calamar, que involucró a otros funcionarios del gobierno dominicano, usando al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como, la compra de inmuebles con sobrecosto. Los pagos ilegales por las expropiaciones se hacían con dineros públicos del Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y otras dominicanas. Se prevé que mucho de ese capital vino a parar a Puerto Rico.
Las acusaciones específicas
contra Guerrero incluyen asociación de malhechores, coalición de funcionarios,
desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de
activos provenientes de delitos de corrupción administrativa, entre otros
cargos. Se presume que el dinero que se desfalcó al pueblo dominicano se lavó
en el exterior, incluyendo a Puerto Rico.
En
Blanco y Negro con Sandra ha venido publicado en exclusivo
todo este entramado desde que comenzó hace casi dos años, a pesar de las
amenazas que han hecho los abogados y familiares de Guerrero y de ejecutivos de
Autogermana, quienes han intentado que la prensa independiente no divulgue
estas informaciones. Medios corporativos casi no han cubierto el tema por temor
a perder auspiciadores.
Presidente dominicano Luis Abinader y el gobernador Pedro Pierluisi
A principios de abril de
2023, el gobernador Pierluisi anunció que el Gobierno de Puerto Rico ofrecería “total
cooperación” a las autoridades dominicanas en este caso. El
Gobernador ha estado en múltiples ocasiones en el vecino país este año, la
primera durante la XXVIII
Cumbre Iberoamericana de jefes de estado y gobierno, y durante la
Semana Santa. Fuentes de este medio
aseguran que las autoridades federales también han estado investigando los
negocios de Guerrero.
CABILDEROS EN PR Y USA
Hace unas semanas el ministerio público en la República
Dominicana, en voz del fiscal Wilson Camacho, denunció que Guerrero ha
realizado lo que calificaron como “maniobra” a través de la contratación de un
cabildero para presionar a la justicia dominicana a través de operativos
políticos en Puerto Rico y en las más altas esferas del Congreso de los Estados
Unidos.
Se trata la controvertible firma de cabilderos Axis
Holdings, con sede en Puerto Rico y parte de DCI Group, de Washington. El DCI
Group es la firma que en el 2018 lanzó una negativa campaña contra Puerto Rico
en el proceso de la quiebra y uno de sus socios, Justin Peterson, era miembro
de la Junta de Supervisión Fiscal.
DCI Group es la empresa que realizó una campaña abierta de descrédito contra el Gobierno de Puerto Rico en el 2018 y que impidió hacer una mejor negociación de la deuda pública. Hicieron campaña de cabildeo en Washington contra el exgobernador Alejandro García Padilla, contra el excomisionado residente y actual gobernador Pedro Pierluisi, y publicaron anuncios insultando a los puertorriqueños en medios como Wall Street Journal, Político y The New York Times.
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| Ejecutivos de Autogermana en Puerto Rico designqados tan pronto encarcelaron a Guerrero |
Según los documentos legales del caso que se
presentaron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Guerrero
contrató en julio a Axis Holdings y a Liberty International Group LLC. La contratación
también incluyó al exlegislador del Partido Republicano de los Estados Unidos,
Connie Mack IV, quien hacía algunas funciones de cabildeo o como le llaman en
la Republica Dominicana “lobismo”.
A principios de mayo pasado, asumió sus funciones como encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana el funcionario Isiah Parnell. Casi inmediatamente, el 13 de mayo, Mack IV le escribió a Parmell para pedir cita y gestionar “el arresto y la detención ilegal” de Guerrero.
La carta a Parnell incluía copias a tres altos funcionarios del Departamento de Estado: a Brian Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Todd Robinson, subsecretario de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley; y Katherine M.R. Beaber, directora de la oficina de asuntos del Caribe. También a la administradora de la USAID para América Latina y el Caribe, Marcela Escobari y al jefe de misión actuante de la embajada de los Estados Unidos, Alexander Titolo.
En la carta, Mack IV dice que en el caso de Donald Guerrero “el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados”, según reportó el periódico dominicano Diario Libre.
LOS OTROS ACUSADOS
A su salida del tribunal ayer, y bajo estricta medida de seguridad, Guerrero saludó la decisión del tribunal por considerarla justa. Los otros coacusados en el Caso Calamar continúan en prisión preventiva.
El exministro de la presidencia José Ramón
Peralta, el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo
Castillol; el exdirector de Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo;
el abogado Ángel Lockward se mantienen bajo arresto domiciliario en la espera
del juicio.
Otros exfuncionarios arrestados y en espera de juicio incluyen a Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar, Julián Omar Fernández Figueroa; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los empleados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
ACCESO TOTAL A GUERRERO
Al salir del tribunal ayer, el fiscal litigante Arolin Lemos, en compañía de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, expresó que, a pesar de la decisión del tribunal, seguirá haciendo su trabajo y asumiendo su rol de persecutor de los delitos de corrupción. Sostuvo que seguirán trabajando para presentar una acusación fuerte, como el ministerio público lo viene haciendo con los demás casos que se encuentran en los tribunales.
La jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dominicano, accedió ayer a una petición de la defensa y dijo que daría acceso total a los abogados de Guerrero a “todo tipo de documentación” para una mejor defensa. Así los abogados de Guerrero tendrán acceso a otras documentaciones que contienen peritajes, interrogatorios y declaraciones, a las cuales la barra de la defensa no ha tenido acceso.
Guerrero tendrá que presentarse ante la Justicia dominicana periódicamente, pero se le impide salir del país.
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