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| José Cordero Pérez, empleado de AEE (Foto de Primera Hora) |
Mientras todo el mundo se alborota y vocifera por el contrato de $23,000 al mes en la Autoridad de Energía Eléctrica que le regalaron a un economista colombiano amigo del director Walter Higgins, -[quien también gana una millonada]-, nadie se ha percatado que esta semana volvió a salir un escándalo de grandes proporciones en esa quebrada corporación pública. Se trata del caso de luz por sexo.
El escandaloso caso involucra un patrón de hostigamiento sexual de un empleado de la AEE hacia una consumidora, a la que hostigó, intimidó y persiguió, pero el hombre campea por sus respetos. Como tiene conexiones políticas como cuñado de un legislador, todavía trabaja de lo más fresco en la Autoridad. Esto, a pesar de que se declaró culpable a nivel criminal, cumplió 6 meses de probatoria, tiene 27 casos ante la Oficina de Ética Gubernamental en los que admitió culpabilidad, tiene pendiente una multa de $10,000 en la Oficina de la Procuradora de la Mujer y enfrenta una demanda en el tribunal federal.
¿Cómo es posible que esto suceda, y lo que es peor, por qué la noticia sigue escondida ante la opinión pública? Esas son las preguntas que nadie quiere responder.
Nos enfocamos colectivamente en los millones de dólares que están regalando en contratos en esa quebrada corporación y en el quebrado gobierno, cuando todavía hay miles de personas sin el servicio eléctrico. Sin embargo, olvidamos analizar en los medios y en la opinión pública el derecho que todos tenemos como consumidores a recibir un servicio adecuado por lo que pagamos. Además, se olvidan de que las mujeres son consumidoras, y además tienen derecho a vivir en paz y en seguridad.
Este caso se remonta al 2014 cuando el empleado de la AEE, José J. Cordero Pérez, fue a inspeccionar el contador de luz en la residencia de Marcia Gil en el municipio de Aguadilla, en lo que alegó era un operativo para detectar posible mal uso de los contadores en la comunidad.
Desde ese día, el hombre empezó a hostigarla y a engañarla. Le decía falsamente que su contador estaba alterado y que él podía ayudarla. Le pidió su número telefónico bajo engaño, y ella se lo dio porque era empleado de la AEE e iba en un vehículo oficial. Entonces empezó la odisea. "No te pongas brava que te corto la luz" y "pobre de tu novio" fueron las frases que soltó el empleado aquel primer día. Después empezó a hacer llamadas telefónicas para invitarla a encuentros a solas y le enviaba mensajes de texto constantes o con fotos suyas desnudo. El hostigamiento era a todas horas, especialmente de madrugada. Por el día, pasaba por su casa en vehículos oficiales de la AEE y aumentaba los mensajes de texto.
La mujer alertó a varios supervisores de la AEE sobre lo que estaba sucediendo y ninguno tomó acciones correctivas en contra del empleado. Uno de esos supervisores, incluso, le pidió discreción a la mujer.
“Yo me cansé del hostigamiento. No me iba a quedar callada porque se creen que como una es mujer y pobre, tiene que aguantar lo que sea. Pero no”, me expresó Gil en una conversación que sostuvimos hace unas semanas en la radio y repetimos hace dos días por teléfono.
Ella me narró que estaba cansada del hostigamiento, y una vez le increpó a Cordero Pérez que no la molestara más. Al día siguiente de eso, ella recibió una multa de la AEE por $6,000. Esa multa, que era por un contador alterado, no prosperó porque era fabricada. Pese a todo eso, no se amilanó y siguió su caso hasta las últimas consecuencias. En varias ocasiones le han cortado el servicio eléctrico a ella y a sus vecinos en lo que presumiblemente es un patrón de represalias por haberse quejado.
En el 2017, y horas antes de que comenzara la selección de un jurado que evaluaría la prueba en su contra, Cordero Pérez se declaró culpable a nivel estatal en cuatro cargos: uno de acoso sexual, dos de negligencia en el cumplimiento del deber y uno de alteración a la paz. Admitió 27 casos en Ética y tiene pendiente la multa ante la Procuraduría, pero sigue en su puesto. Cualquier caso que conlleve depravación moral, como mínimo, representaría una suspensión al empleado. Pero a él no lo botan porque es cuñado de un legislador de Aguadilla, bien conocido por sus ejecutorias ante la opinión pública.
El caso de esta señora no es el único que se reporta. Después del huracán trascendieron alegaciones de personas que decían que empleados de la AEE y exigían pago por conectar la electricidad. Se sabe también de al menos otros casos en la región de Aguadilla y Mayagüez en los que envejecientes son extorsionados por alegados empleados de la agencia que exigen dinero mensualmente a cambio de mantener la luz.
Es mucha la hipocresía en este país en todos los sectores. El caso no figuró entre las noticias de la semana. Las feministas ni se aparecieron a defender a la víctima y los legisladores, incluyendo a los que se proclaman cristianos que son más conservadores, han hecho mutis. ¿Por qué salen rápido a hablar en contra de cambios en la familia tradicional o en contra del cannabis, pero callan ante el abuso contra una mujer pobre? ¿Cuántos otros casos habrá como este en otras agencias?
Y Higgins parece que está más pendiente a los $450,000 que se gana o a darle contratos a sus amigos que, en vez de estar atendiendo casos como este, que afectan la ya maltrecha credibilidad en esa corporación. Estamos hablando de una consumidora que paga por un servicio esencial. ¿Qué otras represalias pueden tomar contra ella? ¿Es así como se pretende privatizar una entidad?
El silencio general y la inacción gritan a todos que el gobierno y la AEE patrocinan este tipo de conducta. Después de todo, parecería que la cultura del macharrán es lo que impera en esta administración, por encima de lo que pida o diga el Gobernador. Eso también lleva a otra conclusión, y es que no le hacen caso a lo que él ordena. Mientras tanto, se impone una cultura del sinvergüenza y las víctimas siempre son los más vulnerables.
Lo importante aquí es reconocer la valentía de la señora de darse a respetar. Otros consumidores que vivan experiencias similares a ella no deben claudicar nunca en sus reclamos. Los servicios del gobierno se pagan con dinero, no con sexo.
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