Puerto Rico es una tierra de armas. De armas de destrucción que están disponibles para fulminar almas. Sí, las almas de cuanta víctima inocente se cruza en el camino de una de las balas, sea perdida o no. Las armas nos inundan las calles, las casas, los vehículos y las ocultan en los sitios en donde menos se imagina la gente, sea en vagones, cajas o hasta en los llamados ‘clavos’ dentro de autos.
Es que vivimos en un país donde las armas proliferan. Muchas legales pero muchas más, ilegales. Glocks, AK-47, AR-15 y cuanto nombre extraño existe, abundan. Y mientras en Estados Unidos el tema del control de las armas ocupa la discusión pública llevando al presidente Barack Obama a proponer una nueva política con leyes más restrictivas con el fin de evitar tragedias como la sucedida en la escuela de Connecticut, aquí poco se discute del tema.
Si bien es cierto que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a portar armas para el supuesto deporte o para defensa, poco se analiza del mercado de las ilegales y las implicaciones de esto sobre el alza en la criminalidad. La realidad es que mientras más armas legales haya en la calle, más armas hay. Punto.
En Puerto Rico es un privilegio poseer armas y la legislación local, con todo y las enmiendas que se le han hecho, está considerada como la más restrictiva en Estados Unidos y sus territorios. Sin embargo, por más dura que sea la ley, esto no ha tenido el efecto de detener la delincuencia. Y mientras más armas legales hay, más robos de estas armas ocurren.
Esto fue denunciado hace un tiempo por el diario británico The Guardian que señaló a Puerto Rico como el país con el porcentaje más alto de asesinatos cometidos con armas de fuego con respecto a todos los asesinatos, con un 94.8 por ciento.
Los que defienden el derecho constitucional a portar armas de fuego en Puerto Rico consideran que las leyes son sumamente restrictivas para aquellos que tienen sus licencias y armas bajo reglamento, lo que consideran que no resuelve el problema de la criminalidad.
En Puerto Rico hay 95,671 licencias de armas y de esas, 63,094 están activas, hay unas 9,330 licencias de armas vencidas –durante cuatro años– , 3,545 licencias canceladas y unas 22,702 licencias revocadas, según Walter Lamela Soto, subdirector del Negociado de Armas de la Policía.
A pesar de que hay 95,671 licencias, hay un total de 162,271 armas registradas en manos de tenedores de licencias de armas. Hay también 30 armerías en el País. La discrepancia entre el número de licencias y el de armas obedece a que una persona puede tener cuantas armas desee, después que obtenga el permiso. Eso explica, por ejemplo, casos como el de Pablo Casellas, quien está acusado de matar a su esposa Carmen Peredes, y a quien se le ocuparon unas 30 armas.
Puerto Rico no es productor de armas. Es sin embargo, importador. Nos llegan por muelles, por aerolíneas y hasta por correo. Es hora de atender este asunto y no esconderlo más. Después de todo, se trata de armas que nos están destruyendo las almas en el País.
(Esta columna fue publicada en El Vocero - el 20 de febrero de 2013 - http://www.vocero.com/tierra-de-armas-contra-almas-opinion/)
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