POR INVITACION: El experto en asuntos laborales y recursos humanos Luis F. Rodríguez Paz habla de la ley y los vendedores en los semaforos y luces del país ante la tragedia en Canóvanas
Esta tarde tuve un momento de esos de “deja vu” cuando miraba un noticiero de televisión en el canal 4. Los periodistas comentaban acerca de la trágica muerte de una madre y sus hijos mientras pedían dinero en un semáforo de Canóvanas, para ayudar a un equipo deportivo en el que participaban esos menores de edad.
Recordé que para los años 70, cuando ocupaba el cargo de administrador de área del Negociado de Normas del Trabajo en Santurce, enfrenté un caso parecido que involucraba menores.
Para este entonces tuve que acudir a la Comisión Industrial de Puerto Rico para testificar en un caso relacionado a la muerte de un menor de edad, quien fue atropellado por un camión en el sector portuario de San Juan, donde fungía como Pregonero de Luces. Es decir, vendiendo distintos periódicos de circulación general en Puerto Rico en las vías públicas.
Para fungir en tal capacidad, los menores interesados tenían que poseer un permiso de empleo expedido a favor del periódico interesado. Debían concurrir con ciertas disposiciones establecidas por la Ley #230 del 12 de mayo de 1942, según enmendada, y sus reglamentos aplicables, conocida generalmente como Ley para el Empleo de Menores.
Para poder emitir dicha certificación, las partes tenían que cumplir con una serie de requisitos. Si todo estaba en orden, solo así entonces, un funcionario del Departamento del Trabajo, en representación de Secretario, procedía a emitir y firmar el permiso correspondiente.
En el caso de los menores autorizados a ejercer como Pregoneros de Luces, dichos niños debían tener entre 12 y 18 años. Lo cierto es que la reglamentación que estaba vigente en aquel momento “no autorizaba a esos menores a estar en las vías públicas vendiendo y entregando periódicos y se requería que las empresas editoras debieran establecer unos locales (quioscos) en las aceras para la venta de sus publicaciones”.
Entendí que en ese entonces, ningún periódico en Puerto Rico cumplía con las disposiciones de ley y reglamentos vigentes para ser Pregoneros de Luces, y les indiqué que no firmaría más permisos hasta que no cumplieran con las disposiciones aplicables.
Como resultado de mi decisión, El Nuevo Día, El Mundo, The San Juan Star, El Reportero y El Vocero, es decir, todos los periódicos diarios existentes a esa época, enviaron sus abogados a quejarse contra mi ante el secretario del Trabajo de entonces, que era Carlos Quirós. Aducían que con mi proceder, yo atentaba contra la libertad de prensa.
Entonces fui convocado a la oficina del Secretario para una reunión con todos esos letrados. En la reunión estuvo presente un abogado del Negociado de Asuntos Legales, muy distinguido y eficiente, y que eventualmente ocupó posiciones muy destacadas en el servicio público, Ruy Delgado Zayas. A sus preguntas le expuse las razones para mi negativa y entonces Delgado Zayas me acompañó a la reunión convocada.
Recuerdo que el entonces secretario del Trabajo me inquirió sobre las razones para mi negativa a expedir los permisos y yo le dije: “Hasta estos momentos ninguna entidad periodística de Puerto Rico cumple ni se esfuerza por cumplir con la reglamentación vigente para el empleo de los llamados Pregoneros de Luces y considero que el Secretario del Trabajo tiene la obligación y el deber ministerial de hacer que se cumpla con la legislación protectora de menores en el empleo. De él no hacerlo, yo en mi carácter particular, no seré partícipe de esa violación de ley que atenta contra la vida y seguridad de los menores.”
Recuerdo que luego de unos minutos de silencio, el secretario me pidió que me retirara de la reunión, y yo salí. Al cabo de un rato, el licenciado Ruy Zayas me dijo: “le pusiste los dedos en los ojos y no le diste margen a ninguna otra acción, así que vete a tu oficina que aquí terminó todo…”
Nunca más me volvieron a llamar para asuntos como el de mi negativa a expedir los permisos de empleo para las llamados Pregoneros de Luces, pero siempre supe que los periódicos continuaron violando las disposiciones de la ley 230.
Años más tarde renuncié al servicio público y me fui a trabajar en la empresa privada, pero las violaciones señaladas persistieron, y creo que al presente aún persisten. Esto, a pesar de que la circulación actual de periódicos ya casi no existe, debido a los cambios tecnológicos que favorecen las versiones digitales.
Mirando la tragedia que ocurrió ayer en Canóvanas, desde otra perspectiva, considero que entidades y agencias como el Departamento de Recreación y Deportes, así como otras dependencias (Municipios, Policía, etc.) deben ser más proactivos para evitar ese tipo de situación de riesgo, particularmente para menores de edad.
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