Análisis de aniversario #73 de su Constitución del ELA, que comenté hoy en mi programa de radio En Blanco y Negro con Sandra (AUDIO)
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Hoy es una fecha dramática para la historia de Puerto Rico. Un 25
de julio del 1898 las tropas de los Estados Unidos nos invadieron
y nos convirtieron en su posesión. Un 25 de
julio del 1952 se creó el Estado Libre Asociado (ELA). Un 25
de julio del 1978, en uno de los peores ejemplos de la corrupción gubernamental,
policías emboscaron y asesinaron a dos jóvenes independentistas en el Cerro
Maravilla entre Ponce y Jayuya.
Los tres eventos son dramáticos, pero quizás el que más está
pesando hoy entre los puertorriqueños es el estatus. Aquí se hizo una Constitución,
pero nos regenta un cuerpo impuesto por el Congreso de Estados Unidos. Esa
Junta de Control Fiscal, unida a las crisis económicas, la rampante corrupción
en el gobierno, y las políticas fiscales han acelerado la emigración masiva, el
desplazamiento de comunidades, la entrada de extranjeros a quedarse con las
tierras y la desigualdad.
Por eso hoy analizo lo que fue la Constitución del Estado Libre Asociado. Un día que para muchos significó un logro de autogobierno. Pero hoy, quiero desmenuzar lo que realmente significa esta fecha en el 2025, a la luz de la historia, de las decisiones judiciales que nos han definido desde Washington y de una realidad política que, para muchos, se siente más colonial que nunca.
EL ANDAMIAJE SE DESMORONA
El 25 de julio de 1952, con el izamiento de nuestra bandera
junto a la de Estados Unidos, se proclamó el ELA como un pacto bilateral, una
nueva forma de relación que superaba la colonia. Pero, ¿fue realmente un pacto
entre iguales o más bien fue una reorganización de la administración colonial
para apaciguar reclamos y presentar una cara de autonomía ante el mundo, en
plena Guerra Fría?
La narrativa del ELA como un pacto se ha ido desmoronando, no
por opiniones políticas, sino por las contundentes decisiones del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, ese mismo tribunal que tiene la última palabra
sobre nuestra realidad legal.
Empiezo con los llamados Casos
Insulares de principios del siglo XX. Estas son una serie de decisiones
que establecieron la doctrina de que Puerto Rico "pertenece a, pero no
es parte de los Estados Unidos". Crearon la figura del "territorio
no incorporado", lo que en la práctica significa que el Congreso puede
tratarnos de manera diferente a los estados, aplicando la Constitución a su
conveniencia. Esta doctrina, racista en su origen, es el fundamento legal de
nuestra desigualdad y sigue vigente.
Más recientemente, en 2016, el caso Puerto Rico
v. Sánchez Valle fue un golpe demoledor a la ficción del ELA. El
Tribunal Supremo determinó que la soberanía de Puerto Rico no emana del pueblo
de Puerto Rico, sino del Congreso de los Estados Unidos. En términos sencillos,
no podemos procesar a una persona por los mismos delitos a nivel federal y
estatal porque no somos dos soberanías distintas, como sí lo son los estados.
La fuente última de nuestro poder, nos dijeron, es Washington.
Y por si quedaba alguna duda, tenemos que mencionar el caso Financial
Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC
de 2020. Este caso validó la legalidad de la Junta de Supervisión Fiscal y la
forma en que sus miembros son nombrados, sin el consejo y consentimiento del
Senado federal, porque sus deberes se consideran "locales". Una vez
más, se reafirma que el Congreso tiene poderes plenipotenciarios sobre Puerto
Rico.
Estas decisiones, una tras otra, han desmantelado jurídicamente
la idea de un pacto. Han dejado claro que el ELA no es un estado de igualdad,
sino una estructura de subordinación.
LA NUEVA CARA DEL COLONIALISMO
Si los casos judiciales son el esqueleto legal, la Junta de Control
Fiscal es la encarnación más visible y poderosa de nuestra realidad colonial en
el día a día.
Creada en 2016 por la ley federal PROMESA,
la Junta es un cuerpo de siete miembros no electos por los puertorriqueños,
nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, que tiene la autoridad final
sobre las finanzas de nuestro gobierno.
Bajo el pretexto de manejar la crisis de la deuda, la Junta ha
impuesto medidas de austeridad severas: recortes a las pensiones, a la
Universidad de Puerto Rico, y a servicios esenciales. Ha dictado la política
fiscal y presupuestaria, por encima del gobernador y la legislatura que
nosotros elegimos.
¿Cómo podemos hablar de un "Estado Libre Asociado"
cuando una gente que no fue electa veta leyes, impone presupuestos y dicta el
rumbo económico de la isla? La Junta es, en la práctica, un gobierno paralelo
que no responde al pueblo. Su existencia es la prueba más fehaciente de que la
autonomía que se celebró aquel 25 de julio de 1952 es, en el mejor de los
casos, extremadamente limitada y, en el peor, una ilusión. Controla nuestras
finanzas, y, por ende, nuestro presente y nuestro futuro, sin que hayamos
depositado un solo voto para que estén ahí.
Y AHORA ESTÁ TRUMP
A este complejo panorama se suma la visión que se tiene de
Puerto Rico desde ciertos sectores de poder en Estados Unidos, una visión que ha
sido personificada y amplificada durante la presidencia de Donald Trump.
Aunque los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses
desde 1917, la retórica antiinmigrante de figuras como Trump a menudo nos
engloba en una categoría de "otros", de extranjeros. Recordemos sus
ataques a los líderes políticos de la isla, a quienes calificó de "incompetentes"
y "corruptos",
su deseo de cambiar la isla por Groenlandia
y su tristemente célebre visita tras el huracán María, lanzando papel
toalla a los damnificados. (Vídeo)
Esta visión no es solo una cuestión de palabras. Se traduce en
políticas. La respuesta federal a los desastres naturales en Puerto Rico ha
sido criticada por ser más lenta y menos robusta que en los estados. Se nos
trata como un lugar ajeno, una carga, y no como una parte de la nación con
ciudadanos que tienen los mismos derechos.
La mentalidad que ve con sospecha al inmigrante del sur, es la
misma que ve con desdén al puertorriqueño. Es una mentalidad que no comprende o
no quiere comprender nuestra historia y nuestro estatus. Nos ven como un
territorio que consume fondos federales, sin reconocer las décadas de
beneficios económicos que Estados Unidos ha obtenido de la isla, y sin aceptar
la responsabilidad que conlleva gobernar un territorio de más de 3 millones de
ciudadanos.
¿Y LOS PUERTORRIQUEÑOS?
Pero más allá de las leyes, los casos, Trump y la Junta, ¿qué
significa todo esto para ti, para mí, para el puertorriqueño que se levanta
todos los días a luchar por su familia? ¿Cómo se vive esta realidad colonial en
carne propia?
Significa una crisis de identidad. Se nos enseña que somos
ciudadanos americanos, pero no podemos votar por el presidente que nos envía a
la guerra. Tenemos un pasaporte azul, pero en muchos lugares de Estados Unidos
nos miran como extranjeros. Es una ciudadanía de segunda clase que nos da
deberes, pero nos niega derechos fundamentales.
Significa incertidumbre económica y exilio. Para nuestros jóvenes y
profesionales, significa prepararse y estudiar, para luego enfrentar un mercado
laboral estrangulado por la austeridad y la falta de control sobre nuestra
propia economía. Significa ver cómo la única salida viable es, muchas veces, un
avión. Esta fuga de talento desangra a nuestro país y separa familias. Cada
despedida en el aeropuerto es un reflejo de nuestro estatus político.
Significa una profunda frustración democrática. Significa ir a las urnas,
elegir un gobernante y legisladores, para luego ver cómo sus decisiones son
invalidadas por una junta de personas que no conocemos y por las que jamás
votamos. Es un sentimiento de impotencia que alimenta el cinismo y la
desconfianza en nuestras propias instituciones. ¿De qué vale mi voto si la
última palabra la tiene un comité en Washington?
Y sobre todo, significa una lucha constante por la dignidad. Ser puertorriqueño, hoy
más que nunca, es un acto de resistencia. Es ver a nuestros pensionados tirarse
a la calle a defender lo que es suyo. Es ver a nuestros artistas usar su
talento para denunciar la injusticia. Es ver a las comunidades organizarse para
reabrir escuelas o levantar sus barrios cuando el gobierno no da abasto. Esta
realidad colonial nos ha impuesto una carga pesada, pero también ha forjado en
nosotros una resiliencia inquebrantable y un profundo amor por lo nuestro.
REPENSANDO EL 25 DE JULIO
Así que hoy, cuando pensemos en el 25 de julio, debemos hacerlo
con una mirada crítica y completa. No podemos celebrar la autonomía sin
reconocer las cadenas que aún nos atan. No podemos hablar de un pacto cuando el
Tribunal Supremo nos dice que no existe. No podemos sentirnos
"libres" cuando una Junta no electa dirige nuestro destino económico
y desgarra nuestro tejido social.
El 25 de julio de 1952 no fue el final de la historia, sino un
capítulo más en la larga lucha de Puerto Rico por definir su futuro. La
realidad de hoy nos obliga a confrontar la verdad: la discusión ya no puede ser
sobre si el ELA es o no una colonia. La evidencia es abrumadora. Claro que lo
es. Siempre lo ha sido.
La verdadera discusión, la que debemos tener en cada casa, en
cada plaza y en cada medio de comunicación, es: ¿qué vamos a hacer al respecto?
¿Cómo superamos esta condición y construimos un futuro con verdadera dignidad,
con derechos plenos y con un gobierno que responda, única y exclusivamente al
pueblo de Puerto Rico?
Este 25 de julio, más que una celebración, debe ser un día de
profunda reflexión y de llamado a la acción. Porque el futuro de Puerto Rico quieren
dictarlo desde Washington, primero se tiene que decidir aquí, por nosotros.





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